LOREG son las siglas de Ley Orgánica de Régimen Electoral General (o cómo evitar que tengamos competencia en las urnas), que a fecha del 19 de enero de 2011 fue revisada en el Senado para incluir premisas que impedirían que partidos pequeños y emergentes puedan presentarse en las Elecciones Generales. Fue promovida por las 4 mayores plataformas (PSOE, el PP, CiU y el PNV) aprobada el 21 de diciembre de 2010 en el Congreso y tramitada por la vía urgente en el Senado para que pudiera estar en activo en las próximas Elecciones Generales del 20N.

Hasta este momento, los requisitos para presentarse a unas elecciones generales eran asequibles y muchos partidos pequeños han usado de esa facilidad cada 4 años, aún sin obtener representación por otras cuestiones. Pero ahora sólo los partidos ya establecidos podrán participar fomentando todavía más el bipartidismo y estancamiento político, obligando a los votantes a encasillarse en ideologías que no les representan y borrando del mapa cualquier mejora del sistema democrático.

Según esta reforma:

• Cada partido que no tuviera representación en anteriores elecciones tendrá que recoger firmas del 0,1% del censo de cada circunscripción donde quiera presentarse.
• Estas firmas deben obtenerse bajo presencia de un fedatario público en los 20 días posteriores al anuncio de las elecciones a las Cortes Generales, antes incluso de su propia campaña electoral.
• Deben estar debidamente verificadas, lo que supondrá un gasto notarial de unos 300.000€ por partido y el desplazamiento de 1.000.000 de personas (hay unos 20 partidos habituales) a notarías en esos 20 días.
• Además, los firmantes deben renunciar a firmar para cualquier otro partido, así que ante la incertidumbre de las posibles firmas anuladas, habrá que recoger todavía más de las requeridas.

Por otro lado, el artículo 66 de esa nueva ley establece el control político directo de cualquier medio de comunicación privado bajo el título orweliano de “garantía de pluralismo político y social” y en estos términos:

Durante el período electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho período, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente.

El Centro Jurídico Tomás Moro denunció con contundencia el contenido de este reforma, señalando que la nueva LOREG iba a suponer:

1. Una ilegítima intromisión de los poderes públicos en el funcionamiento, ideario y línea editorial de los medios televisivos privados.
2. Un quebranto al principio de acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, tutelado en el artículo 23 de nuestra Constitución, al impedir a los partidos políticos sin representación parlamentaria, o con escasa representación, acceder a los medios de comunicación con la intensidad suficiente para poder difundir su mensaje.
3. La conversión de un órgano administrativo, como es la Junta Electoral, en un auténtico órgano censor al servicio de los partidos mayoritarios con poder para controlar los contenidos informativos de empresas de titularidad privada.
4. Un claro quebranto de la libertad expresión e información, libertad que sustenta necesariamente cualquier régimen democrático.”

Más información en outnoro.net.

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